El presidente Néstor Kirchner anuló el martes pasado, por decreto, la concesión de las dos líneas de trenes, Roca y Belgrano Sur, a la empresa de Trenes Metropolitanos (TM) a cargo del empresario Sergio Taselli. La quita de la concesión, se concretó mediante los decretos 591/07 y 592/07. 
El presidente llevó a cabo la reestatización luego de los incidentes ocurridos el 15 de mayo pasado entre usuarios y la policía, con un saldo de 25 heridos y 16 detenidos en la estación Constitución, y una serie de destrozos de boleterías y vagones. Como consecuencia de los hechos se suspendió el servicio.
Con la reestatización de ambas líneas de TM, ya son siete las concesiones otorgadas durante la presidencia de Menem que fueron anuladas por el presidente Néstor Kirchner.
La primera anulación de una privatización realizada por el gobierno de Kirchner fue el 19 de noviembre de 2003, cuando le quitó la concesión del Correo Argentino al grupo Macri, que administraba la empresa desde 1997, por irregularidades en el pago del canon y otras cuestiones contractuales, que llevaron la deuda de la empresa con el Estado a $450 millones. Finalmente se creó el Correo Oficial.
En enero de 2004, el Gobierno revocó el contrato con la empresa francesa Thale Spectrum por el incumplimiento de los compromisos contraídos en la concesión del control del espacio radioeléctrico nacional, delegando este control a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
El 23 de junio del mismo año, fue cancelada la concesión de la ex línea de ferrocarril San Martín (también a cargo de TM), por "graves y reiterados incumplimientos en la prestación del servicio". El Estado se hizo cargo de la línea y le cedió la operación a Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías.
El 21 de marzo de 2006, luego de 13 años, se anunció el término del contrato de Aguas Argentinas (que pertenecía a la compañía francesa Suez), por “elevadísimos niveles de nitratos en las aguas” e incumplimiento de obras. Consecuentemente se creó la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) que se hizo cargo de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires y su periferia.
El pasado 3 de abril último, el Gobierno reestatizó el astillero Tandanor, una empresa que desde la quiebra del ex concesionario era manejada por sus empleados. Actualmente está controlada en un 90% por el Estado y el resto por los trabajadores.
En mayo de 2003 el Estado creó Líneas Aéreas Federales (LAFSA), que absorbió a los ex empleados de LAPA y Dinar, y que aún hoy cuenta con presupuesto estatal. También se creo la Empresa Nacional de Energía (ENARSA), con un capital de $ 50 millones y la concesión de áreas petroleras en el litoral marítimo.
En los años 90, durante el mandato del ex presidente Carlos Menem se privatizaron las principales empresas que estaban a cargo del Estado. Una de las acciones que más dio que hablar fue la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que fue vendida en unos 17.000 millones de dólares.
El presidente llevó a cabo la reestatización luego de los incidentes ocurridos el 15 de mayo pasado entre usuarios y la policía, con un saldo de 25 heridos y 16 detenidos en la estación Constitución, y una serie de destrozos de boleterías y vagones. Como consecuencia de los hechos se suspendió el servicio.
Con la reestatización de ambas líneas de TM, ya son siete las concesiones otorgadas durante la presidencia de Menem que fueron anuladas por el presidente Néstor Kirchner.
La primera anulación de una privatización realizada por el gobierno de Kirchner fue el 19 de noviembre de 2003, cuando le quitó la concesión del Correo Argentino al grupo Macri, que administraba la empresa desde 1997, por irregularidades en el pago del canon y otras cuestiones contractuales, que llevaron la deuda de la empresa con el Estado a $450 millones. Finalmente se creó el Correo Oficial.
En enero de 2004, el Gobierno revocó el contrato con la empresa francesa Thale Spectrum por el incumplimiento de los compromisos contraídos en la concesión del control del espacio radioeléctrico nacional, delegando este control a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
El 23 de junio del mismo año, fue cancelada la concesión de la ex línea de ferrocarril San Martín (también a cargo de TM), por "graves y reiterados incumplimientos en la prestación del servicio". El Estado se hizo cargo de la línea y le cedió la operación a Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrovías y Ferrovías.
El 21 de marzo de 2006, luego de 13 años, se anunció el término del contrato de Aguas Argentinas (que pertenecía a la compañía francesa Suez), por “elevadísimos niveles de nitratos en las aguas” e incumplimiento de obras. Consecuentemente se creó la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) que se hizo cargo de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires y su periferia.
El pasado 3 de abril último, el Gobierno reestatizó el astillero Tandanor, una empresa que desde la quiebra del ex concesionario era manejada por sus empleados. Actualmente está controlada en un 90% por el Estado y el resto por los trabajadores.
En mayo de 2003 el Estado creó Líneas Aéreas Federales (LAFSA), que absorbió a los ex empleados de LAPA y Dinar, y que aún hoy cuenta con presupuesto estatal. También se creo la Empresa Nacional de Energía (ENARSA), con un capital de $ 50 millones y la concesión de áreas petroleras en el litoral marítimo.
En los años 90, durante el mandato del ex presidente Carlos Menem se privatizaron las principales empresas que estaban a cargo del Estado. Una de las acciones que más dio que hablar fue la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que fue vendida en unos 17.000 millones de dólares.
Con casi cuatro años en la presidencia y a pocos meses de las elecciones, Kirchner sigue
tomando cartas en el asunto de las empresas privatizadas y se prevé que próximamente se hará un acuerdo para incrementar el patrimonio del Estado en la renegociación del contrato con la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. El acuerdo establece que Estado, dentro de la empresa, pasará a ser el socio minoritario del empresario Eduardo Eurnekian, quien a su vez quedará exento de pagar $849 millones que acumuló por cánones impagos.
1 comentario:
es bueno que agranden el estado, siempre que se ocupen de las empresas. si bien la mayoria de lo vendido por menem estuvo mal vendido y la plata vaya uno a saber donde esta, recordemos que, telefonica, por ejemplo, o el correo mismo, tenian un servicio que dejaba mucho que desear.
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